El sistema de pensiones. En busca de la sostenibilidad.

En nuestra economía del bienestar hay un cierto consenso sobre la conveniencia de que varios pilares básicos deben ser provistos y/o fomentados por el estado, ya que proporcionan un soporte elemental a la sociedad.

Hablamos fundamentalmente de la sanidad, la justicia, la educación y el sistema de pensiones. Como ven, el tema es amplísimo y con múltiples aristas, por lo que hoy nos centraremos en el actual sistema de pensiones que existe en España y veremos cómo los datos demuestran que es insostenible en el corto y medio plazo.

Tanto por la cantidad como por la calidad de las prestaciones, así como por su forma de financiación y el posible efecto desincentivador sobre una parte de la sociedad para buscar mejores oportunidades laborales, ahorrar y de esta manera prosperar en la vida, es conveniente analizar los diversos modelos para hallar aquel que mejor sirva al interés último de la sociedad, que no es otro que mejorar la vida de su población y que al que mismo tiempo, ésta encuentre motivación en el esfuerzo diario y que éste sea recompensado con una mejor calidad de vida.

Además de todo esto, se precisa que los sistemas de prestaciones públicas sean sostenibles, es decir, que puedan ser soportados por las aportaciones de los usuarios y contribuyentes, mediante impuestos, sin generar deudas con las que cargaremos a las futuras generaciones y que por tanto significarán necesariamente una menor calidad de vida para ellos.

 

 

En España contamos con un sistema de pensiones de reparto, esto es en esencia, que las pensiones actuales son pagadas por las contribuciones de los individuos en activo, es decir éstos mediante un sistema de solidaridad impuesto por el estado, destinan una parte de su renta del trabajo a pagar las pensiones de aquellos trabajadores retirados o incapacitados.

En un sistema de reparto puro, las aportaciones de los trabajadores también financian las llamadas prestaciones no contributivas y universales (sanidad, servicios sociales, etc). Este esquema era así en España desde su regulación en la década de los 60s.

En el año 1996, se modifica con los Pactos de Toledo, y las prestaciones no contributivas y universales se financian a través de los presupuestos generales, lo que en realidad significa sacar de un cajón para meterlo en otro, ya que finalmente la carga fiscal del país, de una u otra manera, se sustenta en gran medida en base a las rentas del trabajo y el consumo que se genera con la parte disponible de éstas.

En el momento de su creación, el sistema de reparto era sostenible gracias a la estructura social del país, en el que la pirámide poblacional mostraba que el numero de activos era muy superior al de subsidiados, y este factor garantizaba la sostenibilidad del sistema.

Sin embargo, tras 60 años, la composición demográfica de España es muy distinta y salvo aquella batería de modificaciones en los Pactos de Toledo, el sistema no ha sufrido cambios relevantes en cuanto a su estructura y gestión, pero sí en cuanto a su cobertura y generosidad, dando prioridad a que el pensionista no pierda poder adquisitivo respecto a su etapa activa.

 

 

Si miramos los datos actuales de nuestro sistema de pensiones encontramos lo siguiente:

  • En España hay 860.000 pensionistas soportados por 19.680.000 trabajadores. Lo que significa que cada pensionista depende de tan solo 2,22 trabajadores.
  • La pensión media de jubilación en España es de 161€ mensuales, mientras el salario mínimo es de 1.108€ en 12 pagas, y el salario medio es de 2295€ también en 12 pagas.
  • El gasto en pensiones contributivas es de 834 millones de euros al año, un 11% del PIB, de largo la mayor partida presupuestaria del estado
  • La hucha de las pensiones ha pasado de tener 66.815 millones de euros en 2011 a 150 millones de euros en 2019.
  • La deuda de la Seguridad Social siempre estuvo por debajo de los 20.000 millones y con cierta estabilidad hasta julio de 2017, donde experimento un crecimiento exponencial. En abril de 2020 se sitúa en 000 millones.

Con estos datos, que como ven son puramente económicos, sin entrar a valorar el factor social del instrumento, parece evidente que el sistema no es sustentable a largo plazo, más aún si introducimos el agravante progresivo descenso de la natalidad junto a un evidente envejecimiento de la población.

Además, la cuantía media de las pensiones va en aumento y la reciente, en términos sociológicos, incorporación de la mujer al mercado de trabajo, propiciará inevitablemente en un futuro próximo una mayor carga de pensiones contributivas que harán de este sistema de reparto una inviable utopía.

 

 

Por tanto, es necesario y urgente abrir el debate sobre una modificación del sistema de prestaciones por jubilación que lo haga sostenible y sustentable a largo plazo.

El problema está en hay una generación que ha de pagar los platos rotos, es decir hay una generación que habrá contribuido durante toda su vida laboral a pagar las pensiones de otros, con la consecuente merma en su capacidad de ahorro, y puede verse privado de beneficiarse del sistema si éste colapsa o si como parece lógico se reforma antes de que esto suceda.

En posteriores entradas veremos las distintas opciones que se han implantado en países de nuestro entorno, producto de un necesario debate que fueron capaces de afrontar, y que en España por el inmovilismo y populismo de nuestra clase política aun no hemos planteado. Son sistemas basados en el fomento del ahorro privado que a la larga son más justos, ecuánimes y sobre todo sostenibles.

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Efrén Arroyo

Economista, Periodista y Director de Criptoro Digital Blog.